FSC-CCOO Ceuta | 6 mayo 2024.

CCOO acusa a Delegación de ser "complice" en la utilización de la Colaboración Social

    06/06/2019. CCOO de Ceuta
    Delegación del Gobierno

    Delegación del Gobierno

    Así, a través de una carta dirigida a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, el secretario general de CCOO Ceuta, Juan Luis Aróstegui, muestra la más profunda "indignación" del sindicato por lo que cataloga un "palmario fraude de ley" cometido por el Gobierno de la Ciudad.

    Aróstegui resalta que "el Gobierno de la Ciudad, de manera cada vez más desvergonzada, vuelve a promover la contratación de trabajadores utilizando la fórmula de la Colaboración social. Una modalidad de empleo ilegal frecuente en la Ciudad", aunque lo más chocante para CCOO es que se haga con la "complicidad" de la Delegación del Gobierno.

    Desde CCOO se denuncia que la oferta presentada por la ciudad al SEPE "no reúne ninguno de los requisitos exigidos por la escasa normativa que regula esta figura", indicando que resulta "extrañamente sorprendente" que el SEPE, que debería velar por el cumplimiento de la legalidad en todo lo relacionado con el desempeño de sus funciones, presuntamente se preste a ello, acusando directamente al director provincial del SEPE de estar "colaborando con el fraude como pago de los favores debidos" al haber sido designado por el presidente de la Ciudad.

    Igualmente, CCOO también asegura no comprender por qué la delegada del Gobierno se "inhibe" de este asunto, "convirtiendose en cómplice de este atropello a los intereses generales".

    Como recuerda Aróstegui en la misiva enviada a la delegada del Gobierno, este asunto ya fue trasladado y expuesto por CCOO a la propia ministra de Trabajo durante una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno durante su última visita, comprometiéndose entonces a darle una solución inmediata, por lo que para CCOO resulta "paradójico" que la Delegación del Gobierno "actúe en sentido contrario".

     Finalmente, y por este motivo, desde CCOO se ha instado a la Delegación del Gobierno a adoptar las medidas más drásticas de carácter judicial, paralice los expedientes actuales y someta a un análisis riguroso la legislación vigente para su adecuación.